Ricard Font, director de BIMSA y responsable de infraestructuras del Ayuntamiento suena como figura clave de la futura oposición a Laporta
El FC Barcelona se encamina a unas elecciones clave en la primavera de 2026 y las piezas empiezan a moverse. Entre ellas, destaca una figura que opera a la vez en dos tableros muy distintos, pero cada vez más conectados. Se trata de Ricard Font i Hereu, hoy gerente del Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Obres del Ajuntament de Barcelona y, al mismo tiempo, uno de los nombres que suenan en la futura candidatura alternativa a Joan Laporta.
Desde la plataforma Suma Barça, Font quiere articular una gran confluencia opositora junto a movimientos como Seguiment FCB o Sí al Futur de Víctor Font. Es decir, aspira a influir –o incluso liderar– el próximo proyecto de club. Y, a la vez, dirige una de las palancas más poderosas de obra pública en la ciudad que rodea al Spotify Camp Nou.
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Un cargo clave en las infraestructuras de Barcelona
Para entender el alcance del debate hay que mirar primero qué es exactamente BIMSA. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es una sociedad mercantil municipal con capital cien por cien del Ayuntamiento. Su misión es gestionar, coordinar, licitar y supervisar buena parte de la obra pública municipal, desde grandes proyectos urbanos hasta equipamientos de barrio. No se trata de un organismo simbólico, sino de un auténtico gestor de millones en inversión.
Ricard Font no solo es director general de BIMSA, sino también el alto cargo político-administrativo que pilota el área de Mobilitat, Infraestructures i Obres del propio Ayuntamiento. Jurídicamente, son dos puestos distintos —uno dentro de la administración y otro en una sociedad municipal—, pero en la práctica se concentran en la misma persona. Precisamente para ganar coherencia estratégica, rapidez en la toma de decisiones y coordinación técnica entre Ayuntamiento y empresas públicas.
El problema aparece cuando recordamos que el Barça está inmerso en el proyecto del Espai Barça, una transformación gigantesca del entorno del estadio. No es una obra municipal cualquiera: afecta a movilidad, accesos, infraestructuras urbanas y convivencia con el vecindario. Y todo eso se cruza, inevitablemente, con las competencias del área que dirige Font y con la propia BIMSA.
El Barça, el Espai Barça y las dudas de fondo
Formalmente, el Espai Barça es una inversión promovida por un club privado, financiada con recursos propios y créditos internacionales. Sin embargo, cualquier actuación de esa magnitud necesita autorizaciones, coordinación de obras, reordenaciones viarias, servicios públicos y un diálogo constante con el Ayuntamiento. Es aquí donde la pregunta incomoda a muchos socios: ¿puede el máximo responsable político de estas infraestructuras ser, a la vez, oposición frontal al presidente que impulsa ese proyecto?
No se trata solo de lo que dice la ley, sino de lo que percibe la opinión pública. El socio ve que quien supervisa la gran obra urbana que rodea su estadio podría acabar siendo el rival directo de Laporta en las urnas de 2026. Y que, desde hoy mismo, está construyendo un relato alternativo sobre qué Barça quiere, cómo debe gestionarse y qué modelo de club propone.
En este contexto, cada decisión técnica corre el riesgo de interpretarse políticamente. ¿Un retraso en un informe de movilidad? ¿Un cambio de criterio en una licencia? ¿Una exigencia añadida en materia de obra pública? Aunque todo se haga correctamente, la sombra de la duda planea cuando el cargo que firma esos papeles es, al mismo tiempo, promotor de una alternativa para desbancar al presidente actual.
¿Conflicto legal o problema ético?
Desde un punto de vista jurídico, los cargos están bien definidos: el director general de BIMSA es nombrado por su consejo de administración, y el gerente de Mobilitat forma parte de la estructura directiva del Ayuntamiento. Nada en sí mismo impide que esa persona, en su esfera privada, participe en una plataforma barcelonista o incluso se presente a las elecciones del Barça. Como socio, tiene los mismos derechos políticos que cualquier otro.
Pero otra cosa es el terreno de la ética pública y la prevención de conflictos de intereses. Cuando el mismo responsable que gestiona obras e infraestructuras que afectan al entorno del Camp Nou aparece, además, como rostro visible de la oposición a Laporta, la frontera se vuelve difusa. El riesgo no es solo que pueda influir, sino que mucha gente piense que podría hacerlo, y eso erosiona la confianza tanto en el club como en las instituciones.
En administraciones modernas, estos escenarios suelen abordarse con mecanismos de transparencia y recusación. Es decir, declarar por escrito los intereses personales relacionados con decisiones sensibles y apartarse de aquellos expedientes donde pueda haber duda razonable. En el caso del Espai Barça, sería lógico que los socios supieran si existe algún protocolo de este tipo y cómo se piensa aplicar mientras dure el ciclo electoral barcelonista.
El socio, atrapado entre la política municipal y la del club
Lo que está en juego no es solo si Ricard Font cumple la normativa, sino qué modelo de relación queremos entre el Barça y la ciudad. El club siempre ha tenido un peso político enorme y, al mismo tiempo, una dependencia creciente de las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento. Cuando un alto cargo municipal salta de lleno al tablero electoral azulgrana, esa mezcla se vuelve explosiva.
El socio del Barça tiene derecho a saber quién manda sobre las obras que rodean su estadio y qué proyectos políticos defienden esas personas. Y el ciudadano de Barcelona también tiene derecho a exigir que las decisiones de obra pública se tomen pensando en el interés general, no en la próxima campaña electoral del club. Si los dos planos se confunden, pierden credibilidad tanto la institución municipal como la entidad deportiva.
Por eso, más allá de nombres y siglas, la pregunta inicial sigue siendo profundamente vigente: ¿cómo es posible, y sobre todo, cómo se gestiona, que el director general de BIMSA lidere la oposición al presidente del Barça que impulsa el nuevo estadio? La respuesta no debería llegar solo desde los despachos, sino también desde la transparencia, las explicaciones públicas y el debate entre socios y ciudadanos. Solo así el Espai Barça y su entorno podrán vivirse como un proyecto compartido, y no como un campo de batalla entre cargos, siglas y agendas personales.